Anticorrupción investigó a empresa que vendió mascarillas al gobierno

Un empresario vinculado a la sociedad que importa material sanitario para el Covid-19, acusado por la UCO, Anticorrupción y la Audiencia Nacional de pagar sobornos en AngolaUn empresario vinculado a la sociedad que importa material sanitario para el Covid-19, acusado por la UCO, Anticorrupción y la Audiencia Nacional de pagar sobornos en Angola.

La Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupcióny la UCO investigaban ya desde hace tiempo a la empresa contratada por el Gobierno para realizar grandes compras de material sanitario en China. La sociedad Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L., a la que el Gobierno que preside Pedro Sánchez ha adjudicado una compra de 20 millones de euros en mascarillas para combatir el coronavirus, aparece en un informe de la Guardia Civil sobre corrupción en Angola elaborado el pasado mes de junio. La investigación está aún pendiente de ser juzgada.

Este informe, al que ha tenido acceso EL IMPACTO DIGITALconcluye después de casi 60 páginas que Soluciones, en concertación con otras empresas, desarrolló entre sus actividades en Angola «el pago de dádivas a funcionarios públicos», o sea, pago de sobornos, a juicio policial, en esta ocasión dentro de la ejecución de un megacontrato para construir un mercado de abastos en Luanda, la capital.

Cinco meses después del informe de la UCO, De la Mata cerraba el caso y proponía juzgar a dos empresarios relacionados con la empresa ahora contratada por el Gobierno: Pedro Díaz de Espada y Antonio Yus, al que los investigadores especifican como el que «ostentaba la representación de la empresa». Ese mismo auto no proponía juzgar a Soluciones como persona jurídica, que por otro lado nunca estuvo imputada. En un auto posterior de contestación a un recurso de reforma, el magistrado dio la razón a Yus Teruel y sobreseyó su parte de la causa, según explican sus abogados, que aseguran que el juez afirmó que su cliente «no había realizado ningún pago a las autoridades angoleñas». Díaz de Espada sigue imputado y será juzgado cuando se celebre el juicio.

Entre los presuntos sobornados, la UCO cita al «ministro de Finanzas, el viceministro de Comercio o los asesores económicos de altas personalidades angolanas». Esta investigación forma parte de la que llevan a cabo el juez José de la Mata y el fiscal anticorrupción Conrado Saizsobre los sobornos de la empresa pública española Mercasa,dedicada a los mercados de abastos, en Angola y otros países.

Además de los sobornos, la UCO menciona en su informe a un personaje recurrente en las tramas de Angola: el portugués Guilherme Taveira,fugitivo de la Justicia reclamado por la Audiencia Nacional e Interpol desde hace años.

Según la UCO, uno de los españoles investigados, llamado Pedro Díaz de Espada, fue asesor de Taveira y de sus empresas, y con él mantuvo conversaciones sobre contratos ficticios y pagos a funcionarios. Taveira, por su parte, trabajaba de conseguidor en Angola para dos empresas públicas españolas: la citada Mercasa y Defex, dedicada a la exportación de armamento y también investigada en la Audiencia Nacional.

Mientras Díaz de Espada asesoraba a Taveira, consiguió como parte del negocio pactar su nombramiento como consejero delegado de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L., la sociedad a la que el Ministerio de Transportes ha concedido al menos tres licitaciones por 20 millones de euros para la compra de mascarillas ante la emergencia generada por la pandemia del Covid-19.

Sin embargo, la UCO no detalla si se formalizó este nombramiento como consejero delegado ya en España, y en el Registro Mercantil no figura Espada como consejero o ex consejero. El nombramiento se supone que era parte del pago de una deuda que tenían con él por sus gestiones, superior a los 800.000 dólares americanos.

La UCO sí explica que había otra empresa en Angola en esos momentos llamada SAEMA, que «forma parte del mismo grupo empresarial que Soluciones», según un documento localizado por los agentes, y de ese grupo de empresas dedicadas a sobornar. Los responsables de SAEMA son los que prometieron nombrar consejero delegado a Espada en Soluciones.

RELACIONADA CON UNA EMPRESA DEL ‘CASO DEFEX’

Pero además de este caso, Soluciones aparece en el caso Defex, otra investigación cerrada el año pasado también por De la Mata y Saiz sobre un contrato de venta de material policial a Angolapor valor de 150 millones, de los que ‘volaron’ cerca de 100.

Según los autos del caso Defex, Soluciones formó una UTE con Cueto 92, la principal empresa investigada en esta trama de armas junto a la propia Defex. Cueto y Soluciones se asociaron para suministrarle material de una central eléctrica al Ministerio de Energía de Angola.

EL MUNDO reveló este lunes que el empresario José Ángel Escorial, actual administrador de Soluciones, figura en los denominados Paradise Papers con dos sociedades ‘offshore’ en Malta.

La sociedad, radicada en Zaragoza, ha negociado con el Gobierno la compra y entrega en territorio español de varios cargamentos de mascarillaspor importe de alrededor de 20 millones de euros, según fuentes cercanas al empresario.

El mayor contrato, según figura en las últimas licitaciones publicadas por el Ministerio que dirige José Luis Ábalos, asciende a 12,5 millones de euros por la compra de cinco millones de unidades del material sanitario que se está distribuyendo entre los transportistas y se hizo efectivo a través de Adif en un procedimiento «negociado sin publicidad».

SÓLO UNA LICITACIÓN ES PÚBLICA

Transportes sólo ha hecho públicas por el momento las licitaciones gestionadas por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). Seis días después de declararse el estado de alarma, el 20 de marzo, el Ministerio de Transportes emitió una orden de compra de ocho millones de mascarillas FFP2 sin válvula para el «personal del sector del transporte». La licitación se llevaría a cabo a través del ente público Puertos del Estado.

Un día después de que el pleno del Congreso de los Diputados aprobara la primera prórroga del estado de alarma, el día 26, la cartera de Ábalos amplió la adquisición de dispositivos profilácticos frente al coronavirus en otros cinco millones, esta vez a través de Adif.

Pese a que la Orden ministerial especifica que ésta sería la cantidad «máxima» a comprar, en el resumen de los últimos contratos de Adif se especifica una segunda adjudicación, esta vez a una empresa de «comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones» radicada en Madrid, que asciende a 2,1 millones de euros por otro millón de mascarillas.

Al menos dos de los envíos de este material ya han llegado al Aeropuerto de Madrid-Barajas, el primero el pasado 28 de marzo y el segundo el 6 de abril.

      

0 thoughts on “Anticorrupción investigó a empresa que vendió mascarillas al gobierno

  1. Son mafiosos, falsarios…, y se comportan como tales.
    Los españoles estamos en manos de un montón de delincuentes, políticos y económicos.

  2. Este artículo me interesa, pero ES IMPOSIBLE IMPRIMIRLO ENTERO, pues no sale todo en la impresora, sino que aparece «cortado» un lado del contenido.
    ¿No hay alguna solución o forma de evitar ese problema…?
    Gracias por su atención y atentos saludos.

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