LOS CARCELEROS DE LA LIBERTAD
En 1996, a iniciativa del gobierno español de José María Aznar, el Consejo Europeo de Ministros adoptó la llamada Posición Común hacia el régimen de Fidel Castro, que condicionaba las relaciones entre Cuba y el bloque de países de la Unión a la democratización y el respeto a los Derechos Humanos en la isla.
Esta decisión rememoraba una de las Doctrinas Panamericanas del Derecho Internacional, apadrinada en 1959 por el prominente estadista latinoamericano, Rómulo Betancourt; misma que esgrimiese que «regímenes que no respeten los derechos humanos, que conculquen las libertades de los ciudadanos y los tiranicen (…) deben ser sometidos a un riguroso cordón profiláctico y erradicados mediante acción pacífica colectiva de la comunidad jurídica”.
Ambas posturas, con razonables puntos de encuentro, recogen el carácter compromisario y principista de una política exterior coherente con la defensa de la democracia, los derechos y las libertades humanas; principios que son de carácter universal y que figuran, por cierto, en los textos fundacionales de la Unión Europea (UE).
A pesar de ello, en 2017 la UE puso fin a más de dos décadas de postura firme y decidida hacia la dictadura cubana, sustituyendo la Posición Común por un tibio Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre Cuba y la Unión Europea. Transcurridos tres años de aquel viraje, el régimen cubano continúa cercenando las libertades y Europa no marca un posicionamiento sólido para reclamarlo.
Tampoco se ha definido una posición clara y coherente hacia regímenes forajidos como el venezolano, el nicaragüense y el iraní, o el conjunto de estados paria en el continente africano y Corea del Norte. La acción exterior europea, lejos de acercarse a los principios que deben regirla y que en algún momento fueron esgrimidos con gallardía, viene guiada actualmente por los intereses de sus agrupaciones políticas, algunas de las cuales (sectores de la izquierda continental) han tejido peligrosas alianzas ideológicas y políticas con estas dictaduras.
De allí que carezca actualmente de la cohesión de sus fuerzas políticas para rechazar en su conjunto las afrontas a la libertad en pleno siglo XXI. Enredada en una vorágine de contradicciones en su acción exterior, por una parte, denuncia las violaciones a las libertades y a los DDHH, imponiendo sanciones económicas y comerciales a un conjunto de estados infractores; y por otra, cede infecundamente espacios de defensa de las libertades, avalando tácitamente a estos regímenes.
Esta semana un sector de los centro-liberales, agrupados en RENEW EUROPE, sucesora de ALDE, ha añadido un nuevo precedente en este sentido. Decidiendo ensanchar el coro de los grupos de izquierda en el europarlamento, liderados por Josep Borrel, al menos diez miembros de Renew han solicitado el levantamiento de sanciones económicas que han sido impuestas en los últimos años a países como Corea del Norte, Cuba, Irán, Libia, Siria y Venezuela, argumentando cuestiones humanitarias para hacer frente al COVID19.
Con insólita candidez, cuando no por desconocimiento, se eluden las realidades internas de estos estados.
Se desconoce que las condiciones extremas de pobreza y marginalidad fueron creadas fundamentalmente por las mismas élites extractivas que les gobiernan, a medida que cercenaron las libertades económicas y avanzaron en el control estatal de las industrias, acabando con los aparatos productivos nacionales.
Desconocen, asimismo, que las sistemáticas violaciones a los DDHH son en la mayoría de estos casos, políticas de Estado orientadas al control y sometimiento de la población, con la anuencia de los aparatos represivos, policías políticas y células de inteligencia nacional.
Pasan por alto que, la precarización de los sistemas sanitarios, educativos y judiciales en estos países, por poner sólo 3 ejemplos, ha sido en igual medida, obra de sus regímenes aprehensores, que han saqueado los recursos destinados a la salud, la formación y la justicia, para su propio beneficio económico, en tanto entienden que una sociedad con progreso en estas áreas será siempre más proclive a socavar la corrupción y el clientelismo.
La teocracia islámica iraní ha gozado de periodos más prósperos en su historia reciente, producto de la explotación y renta petrolera. En igual medida, el régimen expoliador socialista venezolano ha obtenido los beneficios y excedentes más altos que ha brindado la explotación petrolera en toda la historia del país. En ambos casos, esta característica no ha brindado la apertura de sus instituciones hacia un sistema democrático, ni el cese a la actividad represiva ni las violaciones a los DDHH. Tampoco ha impedido que ambos regímenes quebranten constantemente las reglas del multilateralismo y se pongan de espaldas a la comunidad internacional. En el caso del segundo, no ha impedido la depredación de las arcas públicas y el empobrecimiento generalizado que ha devenido en la peor crisis humanitaria del continente, con más de seis millones de desplazados.
Corea del Norte, un protectorado del régimen chino, ha gozado de su protección y financiamiento. Ser un feudo chino y, en ocasiones, del gobierno ruso, no ha revertido su hostilidad e incesante actividad fuera de toda regulación internacional. Tampoco, en situaciones de mayor estabilidad, ha revertido la precariedad, extrema pobreza y la política estatal Juche restrictiva de las libertades fundamentales.
Algo similar vimos en Cuba, antes del denominado Periodo Especial. La dictadura fidelista en su momento de mayor auge con el respaldo de la Unión Soviética; posteriormente, con los privilegios otorgados por la dictadura venezolana de Hugo Chavez y Nicolás Maduro, y con la apertura pactada con el gobierno de Barack Obama en 2015, ha revertido su propósito de hostigamiento, persecución y cautiverio de los ciudadanos de la isla. La apertura democrática y civil, así como el cese a la prisión política no han tenido lugar. Tampoco se tiene previsto que ocurra porque claramente no es su propósito cambiar las reglas de juego que le han asegurado la permanencia en el poder durante más de 60 años.
Los regímenes totalitarios no restituirán libertades ni virarán a la democracia. No cesarán en su propósito de acumular poder. No dejarán de utilizar a la justicia como señuelo de legitimidad de sus actos espurios. No brindarán asistencia a su población ni en las actuales circunstancias de emergencia mundial; y, definitivamente, no pondrán fin a sus negocios, muchos de ellos vinculados al narcotráfico y el lavado de activos, que le atornillan al poder. De allí la importancia de contar con un sistema absolutamente alineado al conjunto de principios que esgrimía el gobierno de Aznar y que han sido, en definitiva, los mismos argumentos asumidos por la UE para la aplicación de las sanciones que ahora, agrupaciones pseudoliberales pretenden desmontar. De allí la importancia de la profilaxis de la que hablaba Betancourt.
Un eventual levantamiento de las sanciones a las dictaduras más abominables del planeta, no garantizaría una asistencia más amplia a la población afectada, ni una mayor erogación de recursos para la atención de las victimas de la pandemia. Mucho menos, revertirá la lógica de regímenes tan extractivos que sólo han expoliado los recursos de esos países sin brindar condiciones de vida dignas.
Por el contrario, el levantamiento de las sanciones que tanto ha costado aplicar a estos regímenes dictatoriales, sólo bonificaría a las élites en el poder, quienes contarían con nuevos ingresos y mayores recursos económicos para ampliar sus redes y corruptelas represivas, así como su clientelismo. No entender esto, roza en la ingenuidad y casi en la torpeza.
Decía John Fitzgerald Kennedy que «la conformidad es el carcelero de la libertad y el enemigo del crecimiento». No mostrar una postura firme por parte de las instituciones democráticas a nivel mundial; mostrarse reticentes o cautelosos hacia una falsa soberanía a la que recurren y, permitirles su insensato modelo supresor de libertades, ha sido en gran medida responsable de que el 28% de la población mundial y 20% de los países en la actualidad (al menos 32 estados) vivan bajo una dictadura, de acuerdo a las cifras del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA).
La Unión Europea se fundó sobre los principios fundamentales de democracia, justicia y libertad. Su interés debe ser la consolidación de esos mismos principios en el resto de los países del mundo o, al menos, aquellos con los cuales se relacione.
Fuente:
Álvaro Moreno Almeida (@alvaroluism), es Licenciado en Estudios Internacionales por la Universidad Central de Venezuela. Es especialista en Política Internacional con postgrado en Gobierno y Gestión Pública por el Instituto Atlántico de Gobierno (IADG) con sede en Madrid, España. Es conferencias y actualmente asesora a un Organismo Internacional y a organizaciones del ámbito multilateral.
Es panelista invitado para los programas de televisión Foro Abierto y Distrito Financiero en HispanTV, así como espacios de opinión en Libertad Digital (España). Ha colaborado en reportajes para Radiotelevisión Española, Radio Adictivo 90.3FM (México) y los medios Runrunes, El Nacional y Tenemos Noticias de Venezuela.
Sus artículos de opinión sobre política, relaciones internacionales y economía, se leen en el diario El Economista; la web del Instituto Juan de Mariana; las revistas Guayoyo en Letras y Brújula Internacional. Colaborador de El Impacto Digital
