Irán infringe sanciones y asiste a Maduro en la crisis energética del país

Desafiando las sanciones estadounidenses, la dictadura venezolana hizo efectiva la compra de 1.500.000 barriles de gasolina al régimen iraní del Ayatolá Jamanei, por un valor de 45 millones de dólares.

Llegaba el año 1998, año electoral en Venezuela que preveía un cambio de era en el período democrático. Un militar golpista el favorito a ganar las elecciones del país petrolero cuyo grifo aseguraba el 15% de la producción total de la Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP, superando los 3 millones 500 mil barriles diarios de crudo.

Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA) fue, desde bien entrada la década de los 70, la empresa estatal responsable de la frecuente etiqueta de país rico que le valió a Venezuela su fama en los mercados energéticos internacionales, pese a ser el perfecto ejemplo de un país rentista y prácticamente monoproductor, sin diversificación económica.

No obstante, la evolución de la industria petrolera venezolana durante la era democrática (1960-1998) fue notable. La tecnificación de su plantilla de trabajadores, la competitividad salarial, la sofisticación de sus métodos, los estrictos sistemas de control que arrojaron garantías de transparencia y responsabilidad sujetas a una legislación comercial que arropaba también al conjunto de corporaciones filiales, llevaron a PDVSA a estar entre las tres primeras industrias petroleras a nivel mundial.

Para 1998 a pesar del incremento en los costos y una tendencia al declive en los precios del mercado internacional, PDVSA estaba en camino de convertirse en la más grande compañía energética a nivel mundial, incluyendo la gestión gasífera y petroquímica. En cambio, pasó a ser la joya de la revolución chavista y con ello, la gallinita de los huevos de oro del caudillaje rojo.

La llegada de la izquierda radical a Venezuela supuso el declive de esta industria sostén de la economía venezolana, así como una bomba de tiempo para las inversiones sobre la misma. El gobierno de Hugo Chávez cesó a los directivos y a la gerencia de PDVSA en el año 2002 en un acto de absoluta hostilidad que retrató a la perfección su carácter autoritario y déspota. De igual forma, como parte de la insana política expropiatoria que implementó entre 2007 y 2010, Chávez se encargó de finalizar los contratos que mantenía la petrolera con empresas tercerizadas y la confiscación de los bienes de estas privadas. En total, alrededor de 150 empresas del ramo hidrocarburos, algunas de ellas con más de 60 años de contraprestación de servicios, fueron expropiadas con la anuencia del parlamento de mayoría chavista. Las excusas aportadas por el régimen: el control de las operaciones en manos de PDVSA; reducción de costos; bonificación para trabajadores; propiedad para el pueblo frente a la explotación del capitalismo. Apenas 11 de las empresas expropiadas en su momento, han sido indemnizadas.

Otro dato de absoluto interés, la renta generada a partir de la exportación petrolera. Para 1998 a la llegada del caudillo Chávez, el petrolero se vendía a 9 dólares por barril. Posterior a un acuerdo impulsado por los dos gigantes de la OPEP, Arabia Saudita y Venezuela, en el cual los países del cartel decidieron gestionar (reducir) la oferta de crudo para controlar el precio, el barril fue incrementando su valor paulatinamente. Favorecido también por el tirón en la demanda por parte de China, la subida en los precios de los carburantes y asistido, por otro lado, por el conflicto bélico en medio oriente, con lo cual George Bush parece haber ayudado mucho más de lo deseado al dictador venezolano, al incrementarse la demanda de crudo producto de las guerras en Afganistán e Iraq. En suma, un barril cuyo valor rondaba los 9 dólares para 1998, alcanzaba los 145 dólares tan sólo diez años después, en 2008.

Una economía rentista cuyo 75% de exportaciones provienen del petróleo, ve afectado notablemente sus ingresos con la caída drástica de los precios del mineral que se produjo desde 2014.

La constante expoliación de sus recursos y bienes a manos de la jerarquía roja, la ha llevado a su actual estado de ruina e improductividad. La producción de la empresa petrolera venezolana al día de hoy, apenas supera y con dificultad los 600 mil barriles diarios, en lo que significa un declive de más del 70% de lo que fue su techo productivo.

Ni en la década de los 70, cuando alcanzó su máximo de producción (3.708.000 BD) Venezuela había reducido tanto su producción como ahora, representando menos del 3% del total de la producción de la OPEP en su conjunto y comparativamente al nivel de los países africanos miembros de la organización.

La mayor reserva petrolera del planeta (303.806 millones de barriles probados), que alguna vez fue líder del cartel más grande de países productores de petróleo, la OPEP, y dirigió los acuerdos multilaterales que garantizaron la mayor bonanza económica en su historia, hoy no puede garantizar su demanda interna de gasolina. Desde hace ya varios meses, el nivel de producción se ha visto mermado por la falta de inversión en PDVSA, cuestión que se ha traducido en fallas constantes, accidentes y paralización en refinerías. Aunado a ello, producto de la crisis económica, la devaluación de la moneda, la estanflación y la caída de los salarios que mantiene los sueldos mínimos en 8 dólares mensuales; la persecución a la que fue sometida la gerencia de la compañía y todo el personal técnico que, durante años se formó para su conducción, PDVSA se ha quedado sin personal cualificado, quienes han salido huyendo del país junto a los más de seis millones de venezolanos que han migrado desesperadamente hasta la fecha. Algunos de estos exdirectivos, gerentes y técnicos, han corrido con mejor suerte en los países destino, siendo contratados por empresas del ramo en países como Brasil, Colombia y EEUU. La revolución socialista ha convertido a Petróleos de Venezuela en un armatoste anticuado, ruinoso e ineficiente.

El deterioro es tal que, desde hace varios meses, la otrora potencia petrolera de Suramérica está pagando copiosas primas a países como España, Rusia, e Irán, entre otros, para importar miles de barriles de gasolina, diésel y nafta (necesaria para diluir el crudo extra-pesado que posee el país) y, de esta forma, poder surtir las estaciones de servicio y las centrales eléctricas que necesitan combustible para funcionar. Pero la interrogante que surge es hasta qué punto esto será sostenible. Varias cuestiones que analizar.

Venezuela se encuentra literalmente estrangulada en términos financieros. Recientemente, el dictador Nicolás Maduro acudió al Fondo Monetario Internacional, tan satanizado en años anteriores por su cúpula de gobierno, para solicitar un préstamo paliativo de los efectos de su desastrosa gestión económica. Como era de esperarse, el FMI no accedió a otorgar los 5.000 millones de dólares requeridos por el ilegítimo mandatario – a la luz de un sistema internacional que le repudia – aludiendo la escaza capacidad crediticia y sus recurrentes impagos en años recientes como producto de los mismos litigios a los que fue sometida con la revocación de las concesiones a empresas del ramo petrolero, la suspensión de pagos de bonos de deuda y bonos petroleros emitidos en años recientes, entre otros.

La administración Trump, ha sometido al régimen venezolano a un cerco profiláctico, debido a sus sistemáticas violaciones a los derechos humanos y su actividad ligada al narcotráfico y al terrorismo internacional. Las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense subsumen la capacidad de comercialización del país y aplican embargos a los activos de la petrolera – sus filiales – con sede en EEUU. Pero afectan también, la asistencia que, otros países europeos y asiáticos brindan a PDVSA. Esto lo vimos recientemente con las sanciones impuestas por EEUU a Irán y a la petrolera rusa ROSNEFT. Mismas consecuencias podrían tener al menos una decena de países europeos, entre ellos España, que mantienen vigentes sus contratos con PDVSA.

Esta semana en un claro y nuevo desafío a las sanciones estadounidenses, la dictadura venezolana hizo efectiva la compra de 1.500.000 barriles de gasolina al régimen iraní del Ayatola Jamanei, por un valor de 45 millones de dólares. Esta negociación refleja una vez más el estado en el que se encuentra una empresa que llegó a estar posicionada entre las tres más importantes industrias del ramo petrolero a nivel mundial durante el llamado periodo de la Cuarta República, y que hoy ha caído presa de las mafias nacionales, orquestadas por el mismo régimen madurista.

Venezuela no se recuperará de la crisis por escasez de gasolina. Por el contrario, corre riesgo cada vez con mayor fuerza de convertirse en un estado fallido sin ningún tipo de garantías, con una población que ronda el 87% de pobreza – una cifra aún mayor de aquella que recibió el chavismo en 1998 – con una precariedad social y política solo comparable a los periodos postguerra y una destrucción sin precedentes de su industria petrolera.

La alegórica llegada de los buques surtidores iraníes a puertos venezolanos, celebrados por la dictadura madurista como una hazaña, contrasta con la realidad de un país pobre, hambreado y cuya gasolina persa sólo alcanzará para 20 días. La maquinaria propagandística de la dictadura venezolana seguirá avanzando centrada en la excusa perfecta de los regímenes comunistas. Al igual que el cubano, un “bloqueo” inexistente y las sanciones hacia el régimen de Maduro constituirán su argumentario para obviar la corrupción y la impericia con la que se manejó la industria que en el algún tiempo fue de todos los venezolanos.

REDACCIÓN: Álvaro Moreno

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