Una situación de emergencia es el entorno más propicio para que la clase política abuse de la ley. Haciendo uso de las prerrogativas que goza, no hay espacio que quede a salvo de los caprichos políticos de unos cuantos. Lamentablemente, el ejercicio honesto de la política profesional es una de las rarezas del mundo moderno. La mentira y el engaño constituyen la piedra sobre la que se edifica todo el accionar político. Por ello, no debe extrañarnos que un escenario como el actual favorezca desequilibrios evidentes en la balanza de poder.
Las consecuencias del distanciamiento, el cierre de negocios y de las oficinas gubernamentales no se limitan solo a lo evidente. Detrás de la avalancha de noticias sobre contagios y muertes sucede algo más sutil, más oscuro, y más grave. Se discuten derechos y libertades que hasta hace poco aparecían como intocables. La matriz del debate es redirigida a una disputa sobre la naturaleza misma de la libertad y sus límites, siendo enmarcada en la idea de que los límites a la libertad y los derechos están pautados por el contexto de emergencia.
Se afirma que la libertad no puede ser esgrimida como excusa para promover el contagio. Asumiendo una irresponsabilidad de antemano en la gente. Si bien las personas pueden mostrar esta faceta, no es menos cierto que negar a los ciudadanos algunas libertades, mientras se permite a otros, destruye el principio de igualdad ante la ley. La discrecionalidad en la aplicación de la ley o en su abuso es característica de las tiranías.
¿Cómo es posible que se considere limitar un derecho esencial a unos y se permita a otros? Más allá de nuestra posición frente a las protestas ante el crimen contra George Floyd, no existe razón para bloquear otro tipo de manifestaciones mientras se permiten las primeras. La defensa del derecho a la manifestación pacífica, y esto es importante recalcar, puede encontrar límites. Pero, no un rechazo de facto por color político. En un estado de emergencia/alarma/sitio, la prohibición es para todos, o no lo es para nadie.
Ya sucedió con la marcha del 8 de marzo, sobre la que aún se discuten sus consecuencias. Por si fuera poco, el caso España es de los más graves en el mundo, si no el que más, en número de muertes por COVID19 cada millón de habitantes. Más allá de las polémicas relacionadas, prestas a cualquier plató de televisión, lo realmente grave es que ha sido precisamente esta crisis la que ha terminado de hacer saltar por los aires el ya exiguo respeto por el Estado de Derecho. No se trata de invocar nubarrones innecesarios, pero en los últimos años la descomposición del sistema de partidos ha incidido de forma clara en el resto de ámbitos políticos.
Esta crisis ha favorecido la concentración de poder en un gobierno nacional que se sostiene en emergencias permanentes. No se ha apagado el fuego matutino, cuando aparece un nuevo incendio de problemas de gestión sanitaria o con algún socio gubernamental. Ante esto, la herramienta infalible del Decreto Ley que se ha convertido en el nuevo quehacer político por excelencia. Y es que la orgía de decretos ley no se detiene, convirtiendo al gobierno de Sánchez en el plusmarquista nacional de la categoría. Todo ello, bajo el amparo de una situación de
emergencia que no se supo atajar. Esto recuerda aquellos arranques caribeños de legislación expedita tan destructivos para los procesos de cualquier democracia.
No se trata de privilegiar al gobierno que goza de nuestro afecto. El gobierno por decreto es una de las peores costumbres que puede adquirir un país. Subsanar errores es fundamental, pero el panorama no luce esperanzador cuando la emergencia se hace constante y se normaliza en la población. Gobernar por decreto está mal, sin importar el color del gobierno. Muchos países aprendieron la lección por las malas. Todo orden es imposible, si la situación nacional responde a los caprichos de los gobernantes de turno.
Dijo Mark Twain que «No man’s life, liberty, or property is safe while the legislature is in session.». En síntesis, no hay tranquilidad mientras el Congreso esté sesionando, en España pareciera que no la habrá mientras el Ejecutivo esté legislando.
TEXTO: Eduardo Castillo
