¿Por qué la ofensiva contra los partidos en Venezuela?

En medio de la pandemia, dos directivas políticas viven de primera mano las vicisitudes del poder total. Con un golpe directo se ha apartado la dirección de los partidos de oposición Acción Democrática y Primero Justicia. En poco más de 24 horas de diferencia, el chavismo destituyó dos directivas y colocó unas nuevas más dóciles y utilitarias para el cumplimiento de sus objetivos. Una decisión polémica, pero congruente con la obsesión del chavismo con el control total.

Asumir que el gobierno venezolano es una democracia requiere de una contorsión intelectual importante. La realidad es que esa fachada democrática y popular del chavismo sirvió para ocultar los abusos y manipulaciones del régimen que se estaba desarrollando. Los baños de masas del entonces presidente servían para disimular los rasgos claramente autoritarios del socialismo bananero. Por ello, mucha gente se confundía al analizar la situación asumiendo que si hay “elecciones” y “popularidad” no es dictadura. Aceptar al socialismo con fusiles nunca ha sido tarea fácil para la intelectualidad. El siglo XX nos demostró que se llevan mejor que nadie.

Pero nada nuevo bajo el sol. Recordemos los amedrentamientos a medios desafectos al gobierno, en los que se utilizó el monopolio estatal de la ley y los estancos del papel y la tinta para llevarles al cierre. Un antecedente partidista directo fue el caso Podemos, organización oficialista que en 2007 se convirtió en la única bancada disidente en la Asamblea Nacional electa en 2005 y que pagó el precio por ello. Otro tanto sucedió con el Partido democristiano COPEI. Los venezolanos, como muchos otros pueblos, tenemos memoria de pez.

Lo anterior responde al interés gubernamental de controlar cualquier oposición. Por ello, no duda en dinamitar toda posibilidad de un liderazgo opositor partidista unificado, al menos desde lo formal. AD y PJ son las nuevas víctimas por su peso, ya que representan 2 de los 4 principales partidos venezolanos de oposición (en estructura y poder político). Con ello, las nuevas directivas acomodaticias designadas por el chavismo, permitirían “legitimar” unas nuevas elecciones controladas. Al designar esta nuevas directivas, se ha permitido la renovación ad hoc controlada de los entes decisorios en tales organizaciones, así como el uso de toda la simbología partidista.

Asimismo, existían rumores sobre negociaciones en curso para la designación de las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), a fin de construir un poco de credibilidad para un organismo que hace tiempo la perdió. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia asumió las competencias de la Asamblea Nacional en el tema y se adelantó. El gobierno renovó su control sobre el principal árbitro electoral, dejando por fuera cualquier participación opositora. Lo importante es quién cuenta los votos, parafraseando a Stalin.

Fue un secreto a voces el interés del chavismo por encontrar la manera de incorporar partidos de peso a una nueva convocatoria electoral. Con esta decisión, unas pocas líneas bastaron para designar un CNE a conveniencia y posicionar figuras cooptadas en los puestos clave de dos de los principales contrincantes políticos. Todo en un plazo de 5 días. Esto no quiere decir que las estructuras vayan a plegarse, pero sí que ahora los advenedizos del poder pueden servir para legitimar el accionar del chavismo. Así, los partidos pueden inscribirse como participantes en una

nueva elección dejando a un lado la opinión de las bases de los mismos. Nadie les votaría, el chavismo “arrasaría”, negocio redondo. Esto llega en un marco de confinamiento nacional y crisis continuada, tras varios golpes económicos (donde brilla la reciente captura de Alex Saab, testaferro del chavismo), y en un contexto de crisis opositora. Desde la oposición, se debate la continuidad de la Presidencia Ejecutiva de Guaidó, pero especialmente la dirección a tomar ante el fracaso de las medidas tomadas en 2019. Con un salto adelante, el chavismo borró varios de sus problemas, mientras continúa su política de persecución a figuras opositoras de nivel medio.

Se puede alegar la ilegitimidad de las decisiones, pero lo cierto es que el oficialismo nunca ha dudado en utilizar todo el poder del Estado para su beneficio. Muchos persisten en analizar y diagnosticar la situación como si de una democracia deficiente se tratara, cuando convendría hacerlo considerando el actuar de una dictadura incompleta. Nuevamente, la maniobrabilidad y la falta de escrúpulos vencen. Para empezar, urge una sala situacional permanente, que ayude a prever situaciones como ésta. Más Maquiavelo y menos Mandela.

TEXTO: Eduardo Castillo

TWITTER: @NassinCastillo

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