El plan de vacunación, en el limbo jurídico

TRIBUNALES: El plan de vacunación, en el limbo jurídico. El plan de vacunación en España se encuentra, desde su presentación a finales de noviembre, en un limbo jurídico. La estrategia diseñada por el Gobierno para acabar con la excepcionalidad fruto de la pandemia y el estado de alarma no figura en el Boletín Oficial del Estado ni tiene «rango legal o forma», según confirman las fuentes jurídicas consultadas por este diario.

Así, el protocolo, que plasma entre otros puntos el orden de vacunación, se asienta en diversos «documentos» y «acuerdos», como han venido a ser definidos por el Ministerio de Sanidad y el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, pero que no cuenta con reconocimiento de ley, Real Decreto u Orden Ministerial, ni figura en ninguna publicación del Boletín Oficial del Estado, sino que define como «recomendaciones» por parte de las autoridades. Tampoco ha sido aprobado por el Consejo de Ministros.

Al carecer de respaldo legal, no habría nada jurídicamente exigible a quienes, por ejemplo, se han saltado el plan de vacunación durante los últimos días para recibir por adelantado la primera de las dosis. Un vacío legal en toda regla, para los expertos. Gerardo Pérez y Verónica del Carpio, abogados y profesores asociados de Derecho en la Universidad de La Laguna y la UNED, respectivamente, reflexionan sobre este agujero en un artículo titulado La estrategia de vacunación del coronavirus: la nada jurídica para luchar contra la pandemia, publicado a finales de enero en el blog de Del Carpio.

Asumen, tras investigar la información pública existente sobre la estrategia de vacunación, que este es un caso en el que «los principios de publicidad normativa y seguridad jurídica han saltado por los aires y, con ellos, la teoría de las fuentes del Derecho que sirve de cimiento para sostener el Estado de Derecho».

El embrollo nace, cuentan en la publicación, a raíz de que el plan de vacunación «no existe jurídicamente, pero existe materialmente». «Para que el plan tenga efecto jurídico, es decir, para que produzca obligaciones, ha de venir en un texto jurídico», cuenta Gerardo Pérez a EL MUNDO.

Preguntado por el motivo de que carezca de rango, Pérez señala que, a raíz de la «urgencia» de las decisiones tomadas durante el último año por la situación extraordinaria que afrontaba el país, «se ha relegado el derecho en aras de luchar contra el virus», una tendencia que, por el bien del correcto funcionamiento del Estado de derecho, debería corregirse, más si cabe en un plan tan importante y complejo:

«Es posible que en los primeros momentos de esta pandemia pudiéramos excusar, que no justificar, algunas actuaciones, pero después de tanto tiempo, no procede seguir relegando las reglas básicas de las fuentes del Derecho alegando que la emergencia nos cogió desprevenidos», escriben Pérez y Del Carpio. «Hablamos de actuaciones que pueden afectar al derecho a la vida, a la salud, a la integridad física», recalcan Pérez y Del Carpio en su escrito para enfatizar la importancia de las decisiones que se tomen respecto a un plan que a día de hoy «no genera derechos ni obligaciones», repite Pérez, pero que «puede afectar al derecho a la vida», entre otros.

«Sólo se puede llevar al terreno jurídico si hay una norma jurídica» que lo respalde, algo que por el momento no sucede. En una línea similar opina Rubén Moreno, senador del PP y portavoz de la Comisión Mixta para la Unión Europea de la Cámara Alta, que avisa que «sin una norma, ley u orden ministerial no se puede reclamar nada» y, además, va más allá respecto al contenido del texto: «Son líneas generales, no llega a ser una estrategia».

Una «ausencia de protocolos claros» que, unida al vacío legal en el que se encuentra, podría complicar la evolución de la estrategia en los próximos meses, explica. Respecto a la polémica de los casos en los que se ha adelantado la vacuna a aquellos a quien todavía no les correspondía, el hecho de que no exista un respaldo legal impide que se puedan exigir responsabilidades por la vía legal, pese a que, como se supo hace unos días, la fiscalía investigará si existió alguna irregularidad en el proceso de vacunación en algunos puntos de España.

Rubén Moreno lamenta que, de momento, si el plan «no tiene rango de norma», sólo se enfrentan a «poco más que una reprobación moral». En ese sentido, Pérez insiste que mientras no se refuerce y articule legalmente la estrategia, el correcto acatamiento del modelo queda supeditado a una «índole ética o moral».

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