El Gobierno se entromete en el derecho de los trabajadores a decidir no hacer huelga, dejando a los piquetes violentos con total impunidad. El PSOE ha defendido en el Congreso la derogación del artículo 315.3 del Código Penal, que establece que «quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, serán castigados con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses».
La diputada socialista Andrea Fernández ha señalado que la derogación es «una de las deudas históricas con el sindicalismo», pero ha obviado el derecho al trabajo. El Gobierno ha aumentado este año un 56% las subvenciones a los sindicatos. La parlamentaria se ha dedicado a atacar a PP y Vox, partidos críticos con esta iniciativa, que el PSOE pretende tener lista antes del 1 de mayo.
Desde Podemos, Aina Vidal se ha definido sentirse «orgullosa piquetera» y ha opinado que «una huelga es solidaridad y esperanza».
Desde el Gobierno de Sanchez se continúan eliminando derechos con gran rapidez dejando a los ciudadanos con poco opción de decidir lo que quieren y lo que no.
