El exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau (PP), el Subdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Rafael Rubio (PSOE), varios empresarios, familiares y así, hasta 14 personas detenidas acusadas presuntamente de pertenecer o beneficiarse de una red que amañó durante años contratos urbanísticos en el Ayuntamiento de Valencia. Ese es por el momento el saldo de la segunda fase de la operación Azud que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha lanzado a primera hora de la mañana.
El operativo es la segunda fase de una operación más amplia, que se cobró sus primeras detenciones y tuvo como principal investigado al cuñado de la exalcaldesa Rita Barberá, un abogado local llamado José Luis Corbín. Según las primeras investigaciones, Corbín se convirtió presuntamente en la puerta de entrada en el consistorio para empresarios dispuestos a pagar mordidas a concejales a cambio de obtener suelo público. En la primera fase de la operación, los agentes de la UCO registraron su despacho y desde entonces, trabajan en la documentación intervenida para tratar de mapear al completo esta presunta red.
Ahora, los agentes registran de forma coordinada las sedes sociales de varias empresas y los domicilios de los principales investigados, buscando el rastro de operaciones que van desde 2005 hasta 2015, horquilla en la que el Partido Popular controlaba el Ayuntamiento de Valencia. De hecho, no es la primera vez que el vicealcalde Alfonso Grau es detenido, acusado también en el llamado caso Taula, en el que la Guardia Civil investiga el presunto uso de billetes de 500 euros para blanquear fondos del partido.
Operaciones y mordidas en metálico
Según informa el diario Levante, los investigadores trabajan con la tesis de que Grau pudo cobrar un millón de euros para favorecer las operaciones de la trama corrupta desde su puesto como número dos del ayuntamiento, pero no sería el único. Al frente de su bancada, el socialista Rafael Rubio ejercía entonces como portavoz de la oposición, liderada por el PSOE. Ahora, los agentes de la Guardia Civil lo han detenido, acusado de cobrar presuntamente y según esta versión, medio millón de euros en mordidas para facilitar también los negocios de la red investigada.
Fuentes de la investigación remarcan también la importancia en el caso de un conocido constructor local, llamado Jaime María Febrer, que estaba al frente de una mercantil llamada Construcción Valencia Constitución, ya cerrada. En los audios del caso Gürtel, el principal investigado Francisco Correa explicaba que quería formar parte de una importante operación inmobiliaria en La Nucía (Alicante), una operación impulsada entre otros como socio por Febrer.
