Venezuela: una transición no efectiva
Juan Guaido se ha quedado sin apoyo internacional. Su tenue actuación, aunado al incumplimiento de su programa de gobierno que acuñaba “Cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”; ha convergido en un giro en la política exterior del medio centenar de países que, en su momento – febrero de 2019- le manifestaron su discreto apoyo, que no reconocimiento como se afirmó.
La Unión Europea, en pleno, la primera en degradar a Guaidó de su posición inicial de Presidente legítimo, a interlocutor de la oposición democrática venezolana desde enero de 2021.
Colombia y Chile, dos de los principales promotores regionales del reconocimiento a Guaido, fueron igualmente relajando su postura, desde un vehemente impulso al reingreso de Venezuela al TIAR [Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca] que barajaba una posible opción militar, hasta su actual emplazamiento a la búsqueda de soluciones alternativas.
El último de estos actores preponderantes en sopesar la pérdida de liderazgo de Juan Guaidó – proclamado presidente interino de Venezuela en febrero de 2019 luego de que el parlamento venezolano de mayoría opositora certificara la invalidez de las elecciones en las que el dictador Nicolás Maduro se había asegurado su permanencia en el poder – es precisamente Estados Unidos. Según ha trascendido esta semana en medios de prensa, la Administración Biden con escasos cinco meses en el poder, ha otorgado un ultimátum a Guaidó hasta finales de 2021, para hacer efectivo la primera fase del mantra en el que se convirtió su programa de gobierno: el cese de la usurpación de la dictadura venezolana.
¿Pero a qué se debe este desolador horizonte?
La doctrina internacional se mueve en función de intereses, definidos en términos de poder. El mundo ha observado muy de cerca la actuación descoordinada, desorientada y hasta cierto punto incongruente – por no hablar de la deficiente búsqueda de consenso e inclusión de diferentes actores opositores y, en cambio, profundizar las diferencias irreconciliables entre la amplitud de líderes democráticos venezolanos – cuestión está que da al traste con la segunda fase de la ruta planteada por el mismo Guaidó en febrero de 2019: un gobierno de transición, entendido como un pacto unitario de gobierno con la inclusión de todos los sectores del país.
Tampoco ha logrado el denominado gobierno de transición de Guaidó, revertir la inconstitucional actuación del poder judicial, que actúa como sostén legal del chavismo, ni hacerse con el apoyo de las Fuerzas Armadas de Venezuela, que continúan leales al régimen de Maduro y cuyo amparo sería crucial para poner fin a la dictadura.
No cabe duda, observando el escenario actual que, Juan Guaidó, en quien recae la responsabilidad de liderar la oposición venezolana, ha mermado notablemente su popularidad y capacidad de acción – cada vez más cercado por una dictadura -. Pero más allá de esa obviedad, la dramática caída de su liderazgo y pérdida de confianza por parte de la población venezolana y progresivamente de la comunidad internacional, obedece a circunstancias atribuibles a la acción/gestión de eso que, inicialmente, se concibió como un gobierno legítimo.
Guaidó no logró hacer efectiva esa transición. Lejos de ello, fue perdiendo la capacidad inicial que tuvo, de cercar y presionar a Nicolás Maduro a su salida del poder. No logró cohesionar a la oposición venezolana, prescindiendo de importantes sectores que, hoy por hoy, mantienen una popularidad superior a la de Guaidó. Fue maniobrado de manera absurda por su partido, Voluntad Popular, y eclipsado de forma evidente por la figura de Leopoldo López que, una vez fuera del país, ha personificado en sí mismo, el gobierno de Guaidó, al punto de desaparecerlo casi de escena.
Desde el punto de vista comunicacional, la figura de Guaidó ha sufrido un desgaste mucho mayor al acusado por otros líderes opositores. En la actualidad experimenta casi una inexistente actuación de cara a la opinión pública.
Pero el mayor déficit del equipo Juan Guaidó, han sido las innumerables y desafortunadas denuncias de corrupción de la que han estado implicados sus principales colaboradores e, inclusive, familiares cercanos. Esto ha sido determinante a la hora de su pérdida de confianza por parte de la población venezolana. Pero también, ha trascendido fronteras llegando a significar escándalos en terceros países como el suscitado en Colombia, con episodios de corrupción relacionados con fondos internacionales otorgados al equipo de Guaidó para solventar la crisis humanitaria.
Paralelamente, un debate sobre la legitimidad de la Asamblea Nacional que preside o presidió Guaidó, se ha abierto en la opinión pública nacional e internacional, debido a que la elección de este poder en 2015, vencía en 2020. El chavismo, con el apoyo de sectores opositores disidentes o que, según la versión del resto de la oposición, han sido conminados por el mismísimo chavismo, organizó en 2020 elecciones parlamentarias con las que retomó su mayoría en la Asamblea Nacional y terminó de despojar a Guaidó y a opositores del poder legislativo. Algo que ellos han denunciado como actuación ilegítima de la dictadura.
La figura del gobierno legítimo se ha tambaleado también por sus constantes incongruencias discursivas y en su accionar. 2019 y 2020, fueron años en los que la oposición venezolana concurrió sin el apoyo de la población, a procesos de negociación – que en realidad no fueron tales y se trató de simples diálogos – con el chavismo. Esto fue criticado por amplios actores locales, pero también por países del mundo que no entendían cómo autoridades legítimas se reúnen y buscan alternativas con quienes han tildado de usurpadores e ilegítimos. El reconocimiento a la dictadura, por ende, es implícito y un error garrafal.
El caso Venezuela ya no es, tan siquiera, una incertidumbre. A lo interno y a lo externo se experimenta un desgaste notable y, con franqueza, una transición no efectiva o posible en las actuales circunstancias. Guaidó y su equipo, cada vez más reducido, lo saben.
Al menos tres cuartas partas partes de los parlamentarios opositores electos en 2015 han tenido que salir del país por presiones y amenazas del chavismo. Su actual situación de exilio, lejos de brindar apoyo a Guaidó, ha dispersado mucho más la actuación de la oposición venezolana.
En esta encrucijada, Juan Guaidó y su equipo han planteado un nuevo proceso de negociación a Nicolás Maduro luego de negar reiteradamente durante estos dos años que negociarían con una dictadura. También ha propuesto torpemente a la dictadura, reconsiderar sanciones que han impuesto legislaciones nacionales e internacionales al régimen de Nicolás Maduro, por sistemáticas violaciones de Derechos Humanos, torturas, lavado de activos, corrupción y narcotráfico. Esta invitación ha sido declinada por la dictadura de Maduro que, ha salido fortalecido en sus opciones de poder, muy a pesar de que la oposición afirme lo contrario.
Pero más allá de eso, tratar de negociar las sanciones impuestas por otros países a personeros del gobierno de Maduro, constituye un precedente terrible para los mecanismos de protección de DDHH, prevención al terrorismo y al narcotráfico. A todas luces, ha sido una propuesta que raya en lo ilegal y en lo inmoral, y que demuestra el nivel de improvisación de parte del equipo negociador de Guaidó.
Con todo ello, la otrora incertidumbre por el tema Venezuela ha pasado a una etapa de definiciones por parte de actores del mundo. Los Estados han pedido una ruta clara y a corto plazo, con compromisos y cumplimientos verificables. Difícilmente, una oposición dividida y desintegrada, sin opciones de poder, impopular en tanto ha reciclado liderazgos que no cuentan al día de hoy con respaldo público, y con errores garrafales acometidos durante estos años, esté en condiciones de brindar esta ruta. De ahí, el actual comportamiento de los actores mundiales.
¿Significa esto que los países están dispuestos a abrirse al chavismo y aceptarle sin ambages?
La respuesta, desafortunadamente es que, la pérdida de confianza nacional en el liderazgo de Guaidó y otras fórmulas de la oposición, se refleja similarmente en el comportamiento de los países, quienes no han percibido un horizonte que defina el fin de una crisis política en congruencia con las acciones de los actores implicados. Un precedente claro existe en el caso cubano.
Alvaro Moreno Almeida
