«Solo hay una cosa más triste que vivir en una cárcel: vivir en una cárcel, sin saber que la puerta está abierta «

 Cualquiera pensaría que lo más correcto y efectivo sería encerrar a un puñado de jóvenes y así evitar que el virus que estos albergaban se expandiese aún más, el problema viene cuando se cambian las tornas del juego y nos ponemos en su situación, ¿ Hasta qué punto es útil encerrar a todos? ¿ Hasta donde pueden pueden llegar sus derechos? ¿Son estos ponderables con la salud pública? Son algunos de los interrogantes que nos surgen.

Y es que en este limbo jurídico nos mantenemos desde el comienzo de la pandemia, empezando por un estado de alarma, recién declarado ilegal a base de «decretazo», llegando hasta un confinamiento de todos los jóvenes, hubieran dado o no positivo sin ningún tipo de garantía constitucional y sin una clara argumentación de porque se hacía solo con ellos, y es que la fiscalía mallorquina ya apoyó la liberación de los jóvenes con test negativo, reclamando entre otros argumentos, una explicación de porque no se había confinado también al personal laboral del hotel o al resto de inquilinos, al igual que a todos los jóvenes.

Finalmente, creo, que en este caso hemos asistido una vez más a la ya más que cotidiana contienda entre un gobierno empeñado en hacer a toda costa lo que ve conveniente sin ningún tipo de barrera ni ética que se lo impida y el poder judicial, anclado en las leyes y en su cumplimiento, lo cual ha dado como desenlace que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Palma haya declarado nula parte de la orden del Govern balear y haya liberado a los estudiantes con prueba negativa.

En todo caso en vista de los numerosos brotes ya en activo por todo el país a causa de este acontecimiento, solo el tiempo nos dirá si fue mejor prevenir o curar.