La persecución de la renta en Venezuela
Generalmente la competencia entre las empresas, organizaciones y personas es positiva. El principio es claro, se trata de distintos actores compitiendo para generar mejores servicios que benefician al consumidor. De esta forma, algunos beneficios de la competencia son: identificar nuevos productos que satisfagan necesidades descubiertas, o incluso métodos más eficientes para utilizar recursos favoreciendo una reducción de costes para las empresas y un menor impacto ambiental. Pero, así como estos, sería fácil identificar muchos otros beneficios que implica para la humanidad.
Sin embargo, también es cierto que existen algunos casos en los que la competencia puede ser perjudicial. Hablamos específicamente de casos en los que el impulso competitivo genera resultados negativos, externalidades negativas, para la población. Cuando se habla de Búsqueda de rentas, sabemos que esta constituye una de las grandes Fallas del Estado, junto a la Captura del Estado y la Tragedia de los Comunes. Todas ellas se caracterizan las ineficiencias de actuaciones estatales.
Pero ¿qué es la “Búsqueda de rentas”? Se trata de un concepto económico que ocurre cuando una institución o entidad busca incrementar su beneficio, sin aumentar recíprocamente la productividad. Sin embargo, esta explicación económica oculta el potencial de su aplicación en el análisis político tal como fue esbozado por Gordon Tullock en los años 60 y en los 70 por Ann Krueger. La Escuela de la Elección Pública concibe propiamente a la Búsqueda de rentas como la obtención de beneficios económicos a través de procesos políticos y no de intercambio en el mercado.
A simple vista, parece un concepto limitado a empresas, pero esto de ninguna forma excluye a organizaciones sociales, políticas y ONG. Todo actor debe procurarse su supervivencia. La enorme mayoría de la población recurre al intercambio de bienes y servicios que llamamos mercado. Allí donde se encuentran por voluntad propia oferta y demanda en un sistema de precios libre, podemos hablar de mercado. Cuando hablamos de actores políticos, culturales, sociales, gubernamentales y no gubernamentales, hablamos de una forma política de obtener beneficios económicos.
Dicho esto, cabe preguntarse cuál es la relación de la Búsqueda de renta con la política venezolana actual. Si bien esto puede extrapolarse a cualquier sistema político en el que los partidos, encontramos en Venezuela un caso peculiar dada las condiciones establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Anteriormente, los partidos que cumplieran con ciertas condiciones de representatividad tenían garantizado el acceso al financiamiento público. Estos ingresos se combinaban con aquellos obtenidos por la captura de espacios dentro de la burocracia estatal. De esta forma, los partidos podían tener a sus cuadros políticos en un esquema de recepción de beneficios en cargos gubernamentales, pero también dentro de las organizaciones políticas.
El chavismo, en su discurso quijotesco anticorrupción planteó la eliminación del financiamiento público de los partidos. Así, la Constitución de 1999 puso fin al modelo de financiamiento público. Los partidos tradicionales, que ya vivían una crisis política, sufrieron las consecuencias. En muchos casos los inmuebles acumulados por décadas fueron puestos en venta o alquiler. También lo son aquellas historias de apropiación personal de propiedades obtenidas con dinero estatal. Pero ¿qué consecuencias a largo plazo trajo este cambio constitucional?
El incremento progresivo de las nóminas estatales.
Al carecer de métodos tradicionales de financiamiento, los partidos opositores al chavismo fueron obligados desde el primer momento a colocar sus cuadros dentro de las estructuras de gobierno que estuvieran al alcance. Por ello, obtener una alcaldía no solo se convirtió en herramienta para generar cambios municipales, sino en un pilar de supervivencia para los partidos. El empleo público no solo era una garantía, sino que representaba un salario bastante alto para el promedio nacional, así como múltiples beneficios adicionales como seguro médico.
El empobrecimiento y descuido de las estructuras partidistas no oficialistas.
A la hora de recibir ingresos, tener un contrato bastaba. Sin embargo, el chavismo entendió el poder que tenía para reducir las capacidades de sus rivales por el uso discrecional del Situado Constitucional (SC). El SC es una figura tradicional en Venezuela que estipula la obligación estatal de destinar un porcentaje de los ingresos a gobernaciones y municipios. La idea es apoyar a las entidades con menos recursos. Al condicionarlo a la lealtad con el chavismo, sentenció a otras estructuras partidistas que habían pasado a depender del sector público.
La mercantilización de las tarjetas electorales.
Los partidos pequeños perdían todo incentivo para hacer el trabajo político para competir y crecer. De esta forma, muchas de las tarjetas electorales, algunas de ellas con una larga historia dentro del sistema democrático venezolano, se convirtieron en bienes económicos. Era común ver figuras de la política manejando 3 o 4 tarjetas de organizaciones políticas “de maletín”. El chavismo y la oposición, ávidos de manejar no solo la ubicación, sino las fidelidades de todo el tarjetón electoral participaron en este mercado de compra y venta de partidos.
Desprofesionalización del funcionariado.
Tal como sucedió en empresas de propiedad estatal, la administración pública venezolana empezó a desprofesionalizarse. Los funcionarios de carrera fueron sustituidos por cuadros políticos sin experiencia. Práctica conocida que fue llevada a un nivel superior por el chavismo. La variable partidista penetró en todas las instancias de gobierno. El ya de por si ineficiente y paquidérmico Estado venezolano vio incrementar todo atributo negativo. La gestión pública se hizo desastrosa y los ciudadanos pagaron las consecuencias con aún peores servicios públicos.
Redireccionamiento opositor hacia la búsqueda de rentas en el extranjero.
Con el abrupto final del financiamiento público de los partidos y las alternativas, la oposición entró en una profunda crisis económica. Hubo que encontrar soluciones que llegaron en forma de financiamiento externo. Las fundaciones extranjeras se transformaron en salvavidas políticos. La orientación partidista viró hacia la constitución de una economía dependiente de la ayuda extranjera, condenada a vivir en un ciclo de persecución de convocatorias y nuevos contactos que garantizaran el flujo de caja imprescindible para sobrevivir.
Estas 5 consecuencias han marcado el camino transitado por las organizaciones políticas. La falta de un sector económico potente y autónomo fue una condena. Por su parte, unas raquíticas estructuras, sin presupuesto, se vieron abocadas al desarrollo de redes clientelares sustentadas con recursos obtenidos en el extranjero.
En 2007 se incorpora una nueva generación de líderes con la intención de generar un cambio. Casi 15 años después, este cambio no se ha producido, sino que parece tan lejano como en nuestros momentos más oscuros. Lo que sí se consiguió fue una generación entera, frustrada en sus ambiciones, se abocó al “dinero fácil” extranjero. Hablamos de una nueva élite que creció entre los traumas del chavismo. Cientos de líderes que pueden tener mayor o menos capacidad de gestión, pero sumamente hábiles en encontrar financiamiento. Una generación convertida, por voluntad y obligación, en un ejemplo perfecto de Búsqueda de renta desde la política.
Eduardo Castillo
Sociólogo y Consultor
