Una normativa europea obliga a España a implantar canales de denuncia
seguros en la administración pública antes de 2022
Si les hablo de Ana Garrido o José Luis Peña puede que no les diga nada, pero si
nombro a El Bigotes o Francisco Correa, sí nos vienen imágenes a la cabeza, hasta
podremos recordar cifras millonarias y algún que otro nombre de ex presidente.
Pues bien, sin la figura de los dos primeros hubiera sido muy difícil ver en el
banquillo a los artífices de la trama Gürtel, así como conocer que el partido que
entonces gobernaba nuestro país era sentenciado como organización criminal.
Y lejos de considerar héroes a las personas que se atreven a informar a la Fiscalía
sobre posibles casos de corrupción, en nuestro país estos chivatos sufren
represalias de todo tipo, amenazas, acoso laboral o persecución judicial por parte
de los supuestos corruptos y su entorno. Las venganzas pueden llegar a tal
extremo que Ana Garrido comentaba en una entrevista a eldiario.
es que si hubiera tenido hijos no habría llegado tan lejos en sus investigaciones en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, donde trabajaba y detectó los movimientos sospechosos que dieron lugar a una pieza separada del caso Gürtel.
Por eso es tan importante garantizar el anonimato de estas personas que no se
conforman con aceptar el régimen establecido, que no aceptan sobornos, que creen
que las cosas pueden y deben cambiar, que se juegan sus puestos de trabajo y su
modo de vida. La valentía debe ser premiada, al menos, con la seguridad y con la
privacidad y así lo ha entendido por fin la Unión Europea.
La normativa comunitaria emplaza a los gobiernos a implantar medidas para
proteger a quienes denuncian casos de corrupción, los llamados whistleblowers,
en aras del interés general.
En nuestro país, Ciudadanos presentó la primera iniciativa en este sentido en septiembre de 2016, siendo bloqueada por PP yPSOE.
Con el cambio de gobierno, el partido naranja la volvió a registrar en
diciembre de 2019, pero volvió a ser rechazada, esta vez por PSOE, Podemos y
sus socios de investidura. Se ve que acabar con la corrupción no está entres sus
preferencias.
Ahora será la UE quien vele por la implantación de estas medidas garantistas
para los denunciantes y para la ciudadanía en general, porque la pandemia en la
que estamos inmersos nos ha dado muchas lecciones, entre ellas el valor del
dinero público bien administrado para garantizar, entre otros derechos, una salud
pública decente. Los derroches en licitaciones públicas, lo maletines de
comisiones y los repartos de sobres, además de ser una práctica deleznable, ahora
nos muestra su cara más amarga en las olvidadas UCIs de todo el país.
Necesitamos con urgencia medidas de control sobre nuestros gobernantes y sobre
su manera de gastar o malgastar nuestro dinero. Bienvenidos whistleblowers.
Por Ana Belén Palomo
